EL MODELO SOCIAL DE DISCAPACIDAD Y SU CONCEPCIÓN COMO CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS. Agustina Palacios, Ph. D.*

CONICET, Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos “Alicia Moreau”, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina.

En la década de los años setenta del Siglo XX, nacía una nueva concepción respecto de la discapacidad. En Estados Unidos de Norteamérica, el activismo político aportaba los primeros cimientos de lo que sería el movimiento de vida independiente (Dejong, 1979; Shapiro, 1994). En el Reino Unido, desde la sociología se construían las bases teóricas de lo que en un inicio se denominaría el modelo de barreras sociales, para pasar a ser conocido como el modelo social de discapacidad (Barnes, Oliver, & Barton, 2002).

Ambos caminos, absolutamente concurrentes y necesarios, aportaban una nueva mirada, que ponía el acento en las barreras sociales como causa u origen de la discapacidad, que dejaba de ser caracterizada como una limitación –física, mental, intelectual o sensorial– de la persona, para pasar a ser concebida como una limitación social. La discapacidad como resultado, entonces, de una condición de la persona, que al interactuar con diversas barreras, pasaba a convertirse en una situación y posición discapacitante (Brogna, 2006).

Entre dichas barreras discapacitantes, se marcaba el rol de los profesionales de la salud, quienes concebían y catalogaban el fenómeno desde un diagnóstico médico. Frente a ello, el movimiento de personas con discapacidad introdujo, además de la mirada social, el lema “nada sobre la discapacidad sin las personas con discapacidad” (García Alonso, 2003), enfatizando de este modo, la necesidad de participación real y efectiva en las políticas públicas en materia de discapacidad y, asimismo, en las decisiones de la vida de las propias personas con discapacidad (Barton, 1998).

El derecho internacional de los derechos humanos no ha sido ajeno a esta nueva concepción, que ha marcado un cambio de paradigma. En un inicio, a través de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 1994), se comenzó a transitar un nuevo camino, dejando atrás una mirada médico-hegemónica para pasar a otra más holística y transversal, que se ha plasmado definitivamente a partir de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este instrumento ha sido el primer Tratado de Derechos Humanos del Siglo XXI, y entre muchos otros méritos, tuvo la capacidad de instalar la temática de la discapacidad en la agenda internacional de derechos humanos (Palacios, 2008). Entender y concebir la discapacidad como cuestión de derechos humanos requiere asumir un marco filosófico y sociológico referencial, que aborde la temática desde los valores y principios que sustentan a dichos derechos (Palacios, 2014, pp. 700 y ss.).  Aceptar y comprender que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos ha supuesto un cambio de
paradigma que se resume en el hecho de considerar los problemas que enfrentan las personas con discapacidad como problemas de derechos humanos y, derivado de lo anterior, que las respuestas ofrecidas a dichos problemas deben asimismo ser pensadas y elaboradas -desde y hacia- el respeto de los valores que sustentan dichos derechos (Asís Roig, 2014).

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad refleja y exige dicha mirada, tanto desde la conceptualización de la discapacidad como el resultado de la interacción de la condición y las barreras (modelo social de discapacidad), como desde la imperiosa necesidad de interpretar y aplicar el instrumento a partir de ciertos principios generales, que sin duda coinciden con los valores que sustentan a los derechos humanos. El artículo 3 los presenta como:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad (Naciones Unidas, 2006, art. 3).

La Convención es un faro en materia de políticas públicas que cuenta, así mismo, con la legitimidad que le otorga el hecho de haber sido confeccionada garantizando la participación de las personas con discapacidad durante todo el proceso de su elaboración. Es un Tratado internacional que en el marco de los Derechos locales, tiene una jerarquía supralegal o incluso constitucional (dependiendo de los procedimientos internos de cada país que la haya ratificado).
Esto significa que es, como mínimo, una “súper ley” entre las leyes. Por ello exige la modificación y adaptación de las legislaciones y prácticas locales.

Los ámbitos en los cuales tiene influencia son transversales y se ramifican en todos los aspectos de la vida de las personas. Hasta el momento, el Comité que tiene la función de supervisar su cumplimiento y brindar bases para su interpretación, ha venido trabajando sobre cuatro ejes que ha identificado como necesarios de una revisión urgente.

El primero se relaciona con el “derecho a tener derechos” en términos de Hannah Arendt (2013). Por medio de la Observación General N° 1 relativa a capacidad jurídica, el Comité identifica las obligaciones de los Estados para superar un modelo denominado de “sustitución en la toma de decisiones” y garantizar un “sistema de apoyos en la toma de decisiones” (Naciones Unidas, 2013). Ello no solo supone el reconocimiento de la capacidad jurídica, sino también la prestación de un sistema de apoyos para aquellas personas que lo requieran, acompañado por un sistema de salvaguardas que garanticen a la persona la toma de decisiones de conformidad con los nuevos estándares del derecho internacional, que precisan, entre otras cuestiones el respeto de su voluntad y preferencias (Naciones Unidas, 2007, § III).

La segunda Observación general elaborada por el Comité fue sobre el artículo 9: Accesibilidad (Naciones Unidas, 2014). El documento aborda el concepto e implicancias de una de las herramientas principales para garantizar que las personas con discapacidad puedan gozar y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y de no discriminación por motivo de discapacidad. Igualmente, desde una interpretación sistemática se analiza el artículo en relación con otras disposiciones de la Convención, y se desarrollan algunos conceptos que forman parte del mismo contenido esencial del derecho a la accesibilidad, como lo son el diseño universal y la adopción de ajustes razonables (Naciones Unidas, 2007, § IV).

Muy recientemente, la Observación general No. 3 del Comité abordó la situación mujeres y niñas con discapacidad (United Nations, 2016a). El documento describe la existencia de una fuerte evidencia que muestra que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan barreras en la mayoría de las áreas de la vida, y que dichas barreras crean situaciones de discriminación múltiple e interseccional (United Nations, 2016a, párr. 2). Asimismo, describe la heterogeneidad de condiciones y situaciones dentro del colectivo de mujeres y niñas con discapacidad (párr. 5). Y sitúa la igualdad de género como un elemento fundamental dentro del discurso de los derechos humanos (párr. 8).

Finalmente, la Observación general No. 4 aborda el artículo 24 en relación al derecho a una educación inclusiva (United Nations, 2016b). El Comité entiende que los Informes de los Estados Partes denotan profundos desafíos en la implementación integral del igual derecho a la educación para las personas con discapacidad. Es importante destacar que el documento alude no solo al derecho a la educación, sino también a una educación “inclusiva”, lo que supone entre otras cuestiones “una educación sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades” (United Nations, 2016b, párr. 1).

Estos cuatro ejes resultan transversales y reflejan la interdependencia de los derechos humanos. Las obligaciones que la Convención establece y el Comité refuerza no solo tienen como destinatarios a los Estados, sino además a la sociedad en general. La Convención es un elemento necesario y fundamental para modificar la realidad social. Sin embargo, no es suficiente. Para lograr su cumplimiento, resulta ineludible el compromiso real de los tres poderes del Estado: esto es el poder legislativo (en la labor de derogar leyes que vulneren sus postulados y crear normas que complementen el Tratado y permitan el diseño e implementación de la política pública en la materia desde la perspectiva de los derechos humanos); el poder ejecutivo (en cuanto a su tarea de ejecutor y fiscalizador dentro de su esfera competente), y del poder judicial (desde su función de garante e intérprete del
Derecho, reestableciéndolo y estipulando su manera de reparar los daños ocasionados frente a la existencia de vulneraciones).
Finalmente y no por ello de menos importancia, la academia tiene un papel preponderante en seguir acompañando este proceso social y político. La discapacidad depende del “ojo del observador”, afirmaba Robert Garland (1995). Podríamos parafrasearlo y afirmar que hoy en día no hay mirada más holística que la que nos brindan los principios y valores que sustentan los derechos humanos.

 REFERENCIAS

Arendt, H. (2013). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza.
Asís Roig, R. de. (2014). Sobre discapacidad y derechos. Madrid: Dykinson.
Barnes, C., Oliver, M., & Barton, L. (Eds.). (2003). Disability Studies Today. Oxford: Polity Press.
Barton, L. (Comp.). (1998). Discapacidad y sociedad. Madrid: Morata.
Brogna, P. (2006). La discapacidad, ¿una obra escrita por los actores de reparto? (Tesis de Maestría).
Universidad Nacional Autónoma de México, México.
Dejong, G. (1979). The Movement for Independent Living: Origins, Ideology and Implications for
Disability Research. East Lansing: Michigan State University Press.
García Alonso, J. V. (Coord.). (2003). El movimiento de vida independiente. Experiencias internacionales.
Madrid: Fundación Luis Vives.
Garland, R. (1995). The Eye of the Beholder. Deformity & Disability in the Graeco-Roman World.
London: Duckworth.
Naciones Unidas. Asamblea General. (4 de marzo, 1994). A/RES/48/96. Normas Uniformes sobre
la Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Recuperado de http://
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Naciones Unidas. Derechos Humanos. (13 de diciembre, 2006). Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad. Recuperado de http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
Naciones Unidas. Enable. (2007). Situación de la Convención sobre los derechos de las personas
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de noviembre, 2013). CRPD/C/11/4. Observación general sobre el artículo 12: igual reconocimiento
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Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad. Orígenes, caracterización y plasmación en
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FUENTE DEL ARTICULO: Palacios, A. (enero-junio, 2017). El modelo social de discapacidad y su concepción como cuestión de derechos humanos. [Editorial]. Revista Colombiana de Ciencias Sociales, 8(1), pp. 14-18. DOI: http://dx.doi.org/10.21501/22161201.2190

Imagen extraída de: http://iusconstifil.blogspot.com/2009/07/agustina-palacios-y-los-derechos-de-las.html

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